Santo Domingo. — Un dato alarmante vuelve a poner en tela de juicio el sistema de control y supervisión de la construcción en República Dominicana. El ingeniero Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), declaró que ocho de cada diez edificaciones levantadas en el país son ilegales, al no cumplir con los procesos de fiscalización que exige la normativa vigente.

Una industria millonaria sin control suficiente

El sector construcción mueve miles de millones de pesos al año y es uno de los principales motores de la economía dominicana. Sin embargo, el ex dirigente gremial advierte que una parte significativa de esas inversiones se materializa en obras que no han pasado por revisiones técnicas, inspecciones estructurales o verificación de planos, tal como estipulan las leyes y reglamentos.

“Es un problema de cultura de la informalidad y de debilidad institucional. No se trata solo de que los desarrolladores quieran ahorrar costos, sino de que el sistema de fiscalización es ineficiente o, en muchos casos, inexistente”, afirmó.

Riesgos para la seguridad y la planificación urbana

Construir sin supervisión no es una mera irregularidad administrativa; implica riesgos reales. La ausencia de revisiones estructurales incrementa la probabilidad de fallas constructivas, lo que en un país expuesto a fenómenos como huracanes y sismos puede tener consecuencias catastróficas.

Asimismo, la proliferación de edificaciones irregulares impacta negativamente en la planificación urbana, saturando redes de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, y contribuyendo al caos vial por desarrollos no contemplados en planes municipales.

Un problema con múltiples causas

Entre los factores que alimentan esta problemática, expertos consultados señalan:

• Debilidad de los mecanismos de supervisión de las alcaldías y del Ministerio de Obras Públicas.

• Corrupción y clientelismo político, que facilitan la obtención de permisos sin cumplir requisitos técnicos.

• Desconocimiento o desinterés de promotores y particulares sobre la importancia de la fiscalización.

• Vacíos legales que no establecen sanciones suficientemente disuasorias.

El reto de la regularización

El expresidente del CODIA sostiene que revertir la situación requiere una reforma integral que incluya:

• Fortalecer las oficinas de planeamiento urbano.

• Digitalizar y transparentar los procesos de permisos y licencias.

• Incrementar las sanciones para constructores que incumplan la ley.

• Implementar campañas de concienciación sobre la importancia de la seguridad estructural.

“Estamos hablando de vidas humanas, no de simples trámites burocráticos. Si no corregimos esto, cada nueva construcción irregular es una bomba de tiempo”, concluyó.